En el mundo de hoy en día, defender la dignidad del trabajo es una batalla constante. El pensamiento económico predominante considera el trabajo un coste de producción, que en la economía mundial debe ser lo más bajo posible para resultar competitivo. Considera a los trabajadores consumidores, que, debido a sus salarios relativamente bajos, necesitan acceder fácilmente al crédito para estimular el consumo y terminan teniendo deudas increíbles. En ningún lado se ve la importancia social del trabajo como base de la dignidad personal, como fuente de estabilidad y desarrollo de las familias o como contribución a la paz de las comunidades. Este es el significado de “trabajo decente”. Es un esfuerzo por recordar que estamos hablando de políticas que se ocupan de la vida de seres humanos y no solo de cuestiones de costes y beneficios.
Este es el motivo por el que la constitución de la Organización Internacional del Trabajo nos dice “El trabajo no es una mercancía”(i).
Y sabemos que la calidad del trabajo define de muchas formas la calidad de una sociedad. En esto deberían consistir nuestras políticas: hacer que las personas sigan ocupando progresivamente mejores empleos con un salario que les permita vivir, respetar los derechos de los trabajadores, la no discriminación y la igualdad de género, facilitar la organización de los trabajadores y la negociación colectiva, la protección social universal, las pensiones adecuadas y el acceso a la atención médica.
Todas las sociedades se enfrentan a dificultades respecto al trabajo decente, especialmente en medio de una crisis mundial que todavía nos persigue. ¿Por qué es tan difícil? Hay numerosas explicaciones históricas y políticas convergentes, pero existe una causa firme:según los valores del mundo actual, el capital es más importante que la mano de obra. Se han visto señales por todas partes, desde el crecimiento inaceptable de la desigualdad a la proporción decreciente de los salarios en el PIB. Todos debemos reflexionar sobre las implicaciones para la paz social y la estabilidad política, incluidos quienes se benefician de una ventaja actual.
Pero las cosas están cambiando. Muchos países emergentes y en desarrollo han demostrado una gran autonomía política al definir su respuesta a la crisis, con la mirada puesta en el empleo y la protección social, como defiende el Informe sobre Desarrollo Humano 2014. Las políticas que provocaron la crisis sobrestimaron la capacidad de los mercados para autorregularse; subestimaron el papel del Estado, la política pública y las normativas y devaluaron el respeto del medio ambiente, la dignidad del trabajo y las funciones de los servicios sociales y la asistencia pública en la sociedad. Llevaron a un modelo de crecimiento insostenible, ineficiente e injusto. Lentamente, hemos empezado a cerrar este ciclo político, pero no contamos con una alternativa predefinida preparada para ocupar su lugar.
Esto representa una extraordinaria oportunidad política y un reto intelectual para el sistema de las Naciones Unidas. La reunión en torno a una visión mundial creativa Post-2015 con Objetivos de Desarrollo Sostenible claros puede ser un primer paso hacia un nuevo ciclo de políticas públicas que analice cómo debería ser el mundo después de la crisis. Y fuera de las Naciones Unidas, tenemos que escuchar. En muchas sociedades existe una gran desazón e inseguridad. Y por ello es tan importante la insistencia de este Informe en reclamar el papel del pleno empleo, la protección social universal y el camino hacia el trabajo decente. Se basa en el consenso existente en las grandes reuniones de Jefes de Estado y de Gobierno de la historia de las Naciones Unidas. En su cumbre de 2005, afirmaron que “Apoyamos firmemente una globalización justa y resolvemos que los objetivos del empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, en particular las mujeres y los jóvenes, serán una meta fundamental de nuestras políticas nacionales e internacionales y nuestras estrategias nacionales de desarrollo, incluidas las estrategias de reducción de la pobreza, como parte de nuestro esfuerzo por alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio”ii. Por consiguiente, al menos sobre el papel, el compromiso está ahí en términos claros.
Permítanme concluir con un ejemplo de los cambios necesarios sobre los que creo que existe un consenso generalizado. Las inversiones sólidas en la economía real, grandes y pequeñas, con una importante capacidad de creación de empleo deben desplazar a las operaciones financieras del mando de la economía mundial. La expansión de los beneficios a corto plazo en los mercados financieros, que refleja un escaso empleo, ha desviado recursos del horizonte a largo plazo de lograr empresas sostenibles en la economía real. El mundo está repleto de liquidez, que debe convertirse en inversiones productivas mediante un marco regulador que vele por que las entidades financieras cumplan su función original de canalizar ahorros hacia la economía real. Asimismo, la ampliación de la participación salarial en el PIB dentro de unas tasas de inflación razonables aumentará la demanda real y servirá como fuente de crecimiento del desarrollo sostenible.
El punto de partida debe ser el paso de unas políticas de salario mínimo comprometido a una distribución mucho más justa de las ganancias y beneficios de la productividad. ¿Es un sueño o una realidad posible? Lo veremos, pero sin duda sobre esto versarán las políticas y las luchas sociales en los próximos años.
Fuente: http://www.revistahumanum.org/
