Las reformas policiales siguen siendo uno de los retos pendientes de las democracias de la región. La profesionalización de la policía, mediante programas que fortalezcan su capacidad de investigación y el trabajo cercano con las comunidades, es aún una tarea pendiente. La politización, la rigidez de estructuras previas y la falta de incentivos adecuados han sido obstáculos para reformar las policías y fomentar la rendición de cuentas. La figura 4 muestra la percepción negativa que se tienen de la policía en la región, lo que necesariamente repercute en su efectividad y legitimidad.
La policía, la cara más visible del Estado, está entre las instituciones menos valoradas y con menores márgenes de confianza entre la población joven de América Latina (OIJ 2013). En el caso de las mujeres, en particular entre quienes han sido víctimas de violencia sexual, un porcentaje muy menor denuncia estos casos ante la policía. Según el estudio de la Iniciativa de Investigación sobre la Violencia Sexual (Sexual Violence Resarch Initiative 2010), sólo un 5% de las víctimas adultas denuncian estos incidentes ante la policía en América Latina y el Caribe. El informe subraya que es necesario crear, al interior de las policías, unidades que permitan brindar atención especializada a mujeres y a jóvenes en riesgo.
Las debilidades institucionales de las policías y la creciente percepción de inseguridad han contribuido a que, en las últimas dos décadas, se haya incrementado de forma sustancial la contratación de guardias de seguridad privada (Ungar 2007, 20). En la mayoría de los países para los que se tiene información, existe una mayor tasa de guardias privadas que de policías por cada 100,000 habitantes. En la actualidad, existen en la región 3,811,302 vigilantes privados y 2,616,753 agentes de policía. Este desbalance profundiza las desigualdades en el acceso a la seguridad como un bien público. Destaca el caso de Guatemala, donde existen 19,900 policías para velar por sus 12.7 millones de habitantes y 120,000 guardias privados que protegen a quienes los contratan (véase figura 5).
A pesar de que, en las últimas décadas, se han llevado a cabo diversas reformas en los sistemas de justicia de América Latina, éstos continúan teniendo debilidades importantes para garantizar el acceso a la justicia y el Estado de Derecho. La politización de los tribunales en algunos países ha limitado la consolidación del Estado de Derecho y el funcionamiento imparcial de la justicia, además de contribuir a la corrupción. Estas disfuncionalidades están en la base de los altos índices de impunidad que presenta la mayoría de los países de la región.
La incapacidad del sistema judicial para administrar adecuadamente la justicia ha reforzado la percepción ciudadana de que las leyes no son suficientemente duras. En particular, preocupa la creciente demanda para que se reduzca la edad de imputabilidad penal, como resultado de la percepción generalizada de que la violencia ejercida por menores ha aumentado (Basombrío 2012).
En cuanto a la violencia de género, la eficaz instrumentación de leyes para prevenirla y sancionarla sigue siendo un desafío. El 97% de los países han aprobado leyes contra la violencia doméstica -aunque menos de la mitad penalizan explícitamente la violación dentro del matrimonio-, y ocho países cuentan con leyes o reformas en sus códigos que tipifican el feminicidio (PNUD-ONU Mujeres 2013). Para garantizar que estas leyes se apliquen y que la violencia en contra de las mujeres se aborde de manera integral, es recomendable adoptar planes nacionales que involucren a todos los ámbitos de la cadena de justicia.
La falta de confianza en los sistemas de justicia sigue siendo un problema endémico en la región. Como puede observarse en la figura 6, excepto Nicaragua, República Dominicana y Panamá, más de la mitad de los ciudadanos en los países encuestados expresaron poca o nada de confianza en que los tribunales actuarían de manera confiable en caso de ser víctimas de un robo o asalto.
La crisis de confianza que atraviesan tanto las policías como los sistemas de justicia en América Latina ha contribuido indirectamente a que la “justicia por mano propia” y otros mecanismos ilegales de procuración de seguridad hayan ganado fuerza en la región (véase cuadro 9). Estos mecanismos tienen repercusiones graves para la democracia, los derechos humanos y para la seguridad en general, pues reproducen y aumentan los niveles de violencia e inseguridad y representan amenazas directas a la integridad física de las personas que, sin proceso legal alguno, son consideradas culpables de un delito.
Las deficiencias institucionales de las policías y de los tribunales se ven reflejadas en las cárceles de América Latina, las cuales constituyen el último eslabón en la cadena del sistema de justicia criminal.
El sistema penitenciario está en crisis prácticamente en todos los países de la región. La sobrepoblación y el abuso de la prisión preventiva son los síntomas más claros de esta crisis (véase figura7 ). El abuso de la prisión preventiva se traduce en pérdida de empleos, fractura familiar y estigmatización. Produce, además, un gasto alto que impide destinar recursos al desarrollo social.
La función rehabilitadora de los sistemas penitenciarios no ha sido una prioridad y, por el contrario, las cárceles han emergido como un espacio que ha potenciado la violencia, los abusos a los derechos humanos, las redes criminales y la reincidencia delictiva. Como ilustra el cuadro 10, con la excepción de El Salvador, en todos los países donde se llevaron a cabo encuestas en cárceles, el porcentaje de internos que dice sentirse menos seguro al interior del penal que donde vivía antes supera el 60%. El porcentaje que reportó haber sido golpeado por el personal penitenciario supera el 60% en El Salvador, Chile y Argentina. La violencia por parte de otros internos también es alta. Más de la mitad reportó haber sido golpeado por otros reclusos en México, Perú y El Salvador.
La sobrepenalización es parte de la crisis carcelaria. En países tan dispares como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay, la cantidad de personas encarceladas por delitos relacionados con drogas, incluida la posesión, es enorme y está en continuo crecimiento (WOLA 2011). Esta tendencia afecta particularmente a las mujeres y a los jóvenes, quienes son encarcelados a edades cada vez menores (WOLA-TNI 2011). Los datos del estudio comparativo de población carcelaria (PNUD 2013) permiten dimensionar este problema. En cinco de los seis países de la encuesta, el tráfico o la tenencia de drogas se reportó como el principal delito cometido por las mujeres internas -por encima del robo y el homicidio- (véase cuadro 11).
Fuente: http://www.revistahumanum.org/
