Las elecciones de diciembre del 2013, significaron un paso sustantivo en materia de descentralización. En esa oportunidad, los ciudadanos a través de la elección directa eligieron a los integrantes del Consejo Regional, un órgano que junto a la figura del Intendente de designación presidencial, son las piezas fundamentales que componen los gobiernos regionales. Un paso aún más sustantivo en el futuro inmediato, será la aprobación del proyecto de ley que permitirá la elección por sufragio universal de los Intendentes. Con la elección directa de ambos órganos se consolidaría la más importante reforma en materia de democratización, después de la creación de los gobiernos regionales a inicios de la década de los noventa.
Sin embargo, será importante administrar con realismo las expectativas que genera la descentralización, calculando adecuadamente el alcance que tendrán estas reformas político-institucionales. Expectativas cuyo éxito dependerá de procesos y construcción de capacidades territoriales.
Por una parte, la elección de los ciudadanos respecto de los representantes regionales será un importante progreso democratizador para la vida publica en regiones. El principal efecto es el desplazamiento de las decisiones desde el centro hacia las regiones. Sin dudas, que este proceso aumentará la legitimidad de la democracia frente a la ciudadanía al acercar las decisiones a los ciudadanos, junto con robustecer las muy debilitadas capacidades políticas de los actores del territorio.
Junto con lo señalado, la experiencia internacional demuestra que los procesos descentralizadores junto con mejorar la percepción de los ciudadanos sobre la democracia, aumenta la valoración sobre las políticas públicas debido al desplazamiento hacia los territorios de la producción y prestación de bienes y servicios públicos básicos, uno de los efectos más significativos de la transferencia de competencia.
Sin embargo, otras dimensiones del desarrollo vinculadas al crecimiento económico requiere no solo mayores cuotas de descentralización, sino la articulación de este proceso con el desarrollo de capacidad endógena, las que no se distribuyen homogéneamente ni se desarrollan espontáneamente a través del territorio.
Los estudios de caso resaltan los excelentes resultados de buenas prácticas que combinan el aumento de competencias locales con despliegue de capacidades estratégicas y eficiencia, que permiten políticas públicas que se expresan en desarrollo y crecimiento económico. Por otra parte, también existe un amplio abanico de ejemplos en los cuales la descentralización ha sido absolutamente insuficiente para provocar desarrollo, frente a la ausencia de capacidades endógenas relacionadas con la calidad de los gobiernos subnacionales, densidad de recursos humano calificado, entorno científico-tecnológico que permiten el desarrollo, dinamismo y crecimiento.
Un desafío fundamental, del recientemente creado Instituto de Políticas Públicas (IPP) perteneciente a la Universidad Católica del Norte (UCN), será colaborar desde la docencia, la investigación y la difusión en el fortalecimiento de capacidades territoriales que permitan abordar desde las políticas públicas las oportunidades y desafíos que implicara la democratización y la descentralización política del país. El objetivo, será contribuir a elevar la satisfacción, el bienestar y calidad de vida de los ciudadanos de la mano del desarrollo y del crecimiento económico.
Cristian Rodríguez Salas
Director Instituto de Políticas Públicas
Universidad Católica del Norte
