Las semanas y días pasados, se ha observado un flujo masivo de personas y menores de nacionalidad venezolana atravesando la frontera norte de nuestro país. Las reacciones de las autoridades han sido de confusión, dado que la actual legislación migratoria elaborada para escenarios normales, no fue diseñada para enfrentar una crisis humanitaria.
Una parte de la población, ha reaccionado con rechazo y violencia a la llegada de inmigrantes, una conducta basada en la escasa información que permita conocer las causas que provocan el éxodo masivo, y por las escasas acciones para enfrentar la crisis, lo que ha provocado que adultos y menores han debido pernoctar en plazas, paseos peatonales y terminales de buses como ha sido el caso de Antofagasta.
La aprobación de la reciente legislación chilena fue desbordada por la nueva situación, la actual institucionalidad no incorporó un enfoque con principios y reglas para enfrentar el flujos permanentes de personas por razones humanitarias, provocadas por el cambio climático, crisis económicas, violaciones a los derechos humanos y crisis políticas, como ha sido el caso de personas de nacionalidad colombiana, haitiana y venezolana.
El éxodo venezolano, es provocado por una profunda crisis política, social y económica. Recientemente la Encuesta de Condiciones de Vida presentado por la Universidad Católica Andrés Bello, muestra una radiografía del agravamiento de la crisis humanitaria, la cual ha obligado a 5,4 millones de venezolanos a salir del país. De acuerdo con el informe el 94,5 % de la población está bajo la línea de la pobreza, de aquellos un 76,6 % se encuentra en extrema pobreza. El desempleo alcanza a 8,1 millones de habitantes de una fuerza laboral de aproximadamente 16 millones de personas, los trabajos en su mayoría son precarios, los salarios no alcanzan a los 2 dólares diarios.
De acuerdo con los datos que entrega la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela, 457.324 personas se han desplazado hacia Chile. Una cifra comparativamente inferior al éxodo hacia Colombia que alcanza a 1,7 millones, y que en el caso de Perú supera el millón de personas.
La crisis venezolana es una crisis humanitaria que afecta a toda la región latinoamericana, y su abordaje debe ser con políticas que incorporen los principios de La Convención de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Declaración de Cartagena sobre Refugiados. Ambas declaraciones han sido suscritas e incorporadas por legislación chilena, como lo han entendido los fallos recientes de la Corte Suprema.
El aumento del rechazo y el temor han llegado en un mal momento para una población que requiere asistencia. Chile, se encuentra en medio de una crisis institucional, saliendo de una crisis sanitaria y a meses de las elecciones más inciertas de las últimas tres décadas. El rechazo de la población a las precarias condiciones de los recién llegados, junto con el temor de una parte de la población nacional a la competencia laboral y por servicios sociales, han generado las condiciones para que la situación humanitaria de la población venezolana, sea un ingrediente para su uso político por distintos sectores que buscan transformar en votos el rechazo y el temor.
