Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) respondió una duda que ronda en muchas personas y autoridades: ¿Es posible medir el costo que genera la comisión de un delito y un hecho de violencia a un país?
A través de un informe de 111 páginas titulado “Los costos del crimen y la violencia en el bienestar en América Latina y el Caribe”, expertos del organismo respondieron esta inquietud.
Para dicha medición, publicada a fines de octubre y encabezada por el académico de la Universidad de Santiago (Usach), Mauricio Olavarría, se analizaron, entre otros aspectos, gastos asociados a atenciones de salud y costos producto de la violencia intrafamiliar. También los montos destinados a prevenir delitos -tanto en el área pública como privada- y los gastos ligados al sistema de justicia penal.
“El foco del estudio son los costos, valorados monetariamente, que generan el crimen y la violencia a la sociedad. Más específicamente, esta perspectiva de análisis engloba los costos, gastos, pérdidas e inversiones que realizan los hogares, empresas y el Estado en relación al fenómeno de la delincuencia”, dice el informe.
Uno de los aspectos que analizó el estudio reveló que Chile destina el 2,42% de su Producto Interno Bruto (PIB) en aspectos vinculados a la delincuencia y violencia. En el detalle de las cifras, obtenidas de datos de 2010, los investigadores determinaron que en la prevención de delitos, las consecuencia que esto causa a las víctimas y en obtener una respuesta judicial a estos hechos, el país destina US$ 3.889 millones anuales, es decir, cerca de 2,7 billones de pesos (ver infografía).
El estudio también abordó lo que ocurre con Costa Rica, Honduras, Paraguay y Uruguay. En la comparación, Chile es el que más gasta. Lo sigue Uruguay (US$ 895 millones), Paraguay (US$ 763 millones), Honduras (US$ 704 millones) y Costa Rica (US$ 684 millones). Sin embargo, en comparación al PIB, Honduras prácticamente duplica a Chile.
Prevenir y lamentar
El informe detalla que el costo privado para anticiparse a la ocurrencia de un delito (como la instalación de cámaras, alarmas, personal de vigilancia, entre otros) llegó a los US$ 1.475,30 millones. En tanto, la prevención desde la esfera pública alcanzó los US$ 70,8 millones, según el análisis del BID.
Los montos derivados de la ocurrencia de un ilícito como los robos, hurtos, homicidios, sustracción de vehículos y la atención de salud de las víctimas, bordea los US$ 1.259 millones.
La violencia intrafamiliar fue otro punto en el estudio internacional. Según el documento, en Chile, por concepto de atención a víctimas en casas de acogida e ingresos no percibidos, el costo llega a los US$ 1.130,4 millones.
“La violencia intrafamiliar (VIF) ha sido un delito de creciente preocupación en Chile (…). Más del 4% de las mujeres recibieron, con mucha frecuencia, prohibición de trabajar de parte de sus parejas. Así, la estimación del ingreso no percibido por VIF en Chile, para el año 2010, es de US$ 1.119 millones. Las estimaciones muestran que casi el 99% del costo de la violencia intrafamiliar corresponde al ingreso no percibido”, aclara el documento.
Las atenciones de afectados por delitos sexuales llegó a los 12.670 casos en 2010, lo que representó un costo per cápita de US$ 35,6, es decir, un monto cercano a los $ 25.422 por persona atendida.
Para el subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey, las políticas antidelincuencia implementadas en Chile han mostrado un avance en los últimos años. Sin embargo, dijo que “aún falta mucho. Ojalá que no gastemos $ 1 de cada $ 10 en seguridad y prevención, sino que $ 2 o $ 3 de cada $ 10. Pasamos de $ 35 mil millones a $ 62 mil millones, por lo que estamos casi duplicando los recursos en prevención”.
Según la autoridad, “empecemos a darnos cuenta que cuando se comete el delito y llegamos a la reacción y basamos la respuesta (del Estado) en eso, la chance que tenemos para generar un impacto es mucho menor al que tendríamos si trabajamos antes”.
Para el senador RN Alberto Espina, las cifras reveladas en el estudio del BID no sorprenden. Indicó que “los recursos que se dedican a prevención son bajísimos. Mientras no se haga esta inversión en prevenir y reinsertar dirigidos a los menores infractores de ley y a los presos que son primerizos, entonces esta va a ser una lucha imposible de ganar”.
El parlamentario añadió que “más que un problema de recursos, es un problema de hacer bien el trabajo. La falla que tiene Chile es multisistémica porque aún no se logra un trabajo coordinado y en equipo que involucre a la comunidad a través del alcalde, las organizaciones sociales, a las policías y los fiscales para que elaboren estrategias de persecución penal y prevención en conjunto”.
Gabriel Silber, diputado DC y miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara, añadió que “deberíamos gastar $ 3 en prevención y $ 1 en reacción, y en Chile estamos lejos de esas cifras, si nos comparamos con países de la OCDE”.
Según el legislador, en el ámbito de la prevención “hay una cifra negra que, a mi juicio, no hemos podido sincerar, que es el gasto privado en seguridad ciudadana. Aún está en el Senado la regulación de este sector, lo que va a permitir sincerar lo que invierten los privados en seguridad y, en segundo término, elevar los estándares sustantivamente de un sector cuya fuerza es mayor al que dispone Carabineros y la PDI juntos”.
El diputado RN Gonzalo Fuenzalida, miembro de la misma instancia, dijo que es necesario “distinguir que lo que se gasta en prevenir es distinto a lo que se gasta en perseguir un delito ya cometido”. A su juicio, “los recursos están mal distribuidos y hay poca capacidad de saber si esas platas sirven para algo y si reducen los delitos o no. Todos los años se aumenta el gasto, pero no necesariamente ese gasto va aparejado a una disminución del delito”.
Fuente: http://www.latercera.com/
