La socióloga, Doctora en Ciencia Política en la Universidad de Leiden, Holanda. Ha trabajado en instituciones académicas en Estados Unidos, Argentina, y Chile. Entre el 2005 y el 2010 se desempeñó como Directora del Programa Seguridad y Ciudadanía de FLACSO Chile. En la actualidad es Profesor Asociado de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile. Ha publicado artículos y libros sobre participación comunitaria, seguridad ciudadana, conflictividad social y temas urbanos en revistas nacionales e internacionales.
En el plano de la gestión pública ha participado de programas de seguridad ciudadana en diversos países de la Región, trabajando como Jefa de la División Estudios del Ministerio del Interior de Chile y Jefa de Asesores del Subsecretario del Interior y Seguridad Pública de Chile. Ha realizado asesoría a diversos gobiernos entre los que destacan Argentina, Perú y México. Se desempeñó además como asesor experto en el Departamento de Seguridad Públlica de la Organización de los Estados Americanos y como Consultor Banco Interamericano del Desarrollo, Banco Mundial, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, CAF, entre otros organismos regionales y multilaterales. En el año 2017 fue invitada a ser parte del Consejo Asesor en Temas de Desarme del Secretario General de Naciones Unidas para el periodo 2017-2020 siendo la única representante de América Latina.
Con su vasta experiencia en el ámbito de la seguridad pública y ciudadana, nos expresa su opinión en la siguiente entrevista, acerca del impacto que tiene en la calidad de vida de las personas, los altos recursos que destina, tanto el sector público como privado, a la prevención del delito y la delincuencia.
– ¿Cómo cree que afecta a los núcleos familiares, los costos económicos que las personas tienen que invertir en prevenir la delincuencia?
Pienso que afecta significativamente, principalmente a las familias más pobres ya que destinan un porcentaje mayor de sus ingresos a los programas de prevención y control del delito. Pero más allá de eso, hoy en día las personas tiene altos niveles de temor y estos se expresan en una inversión importante en mecanismos de prevención.
Los estudios que tenemos, es que hoy en día la población le dedica un importante ítem de sus gastos cotidianos a lo que se llama prevención del delito, lo que provoca una deviación de otros ítems de inversión familiar. Ejemplo, los gastos en colocación de alarmas que les permitan tener mayor seguridad en sus casas para no ser víctimas de algún delito, generan importantes gastos que pudiesen estar destinando a coberturas de salud, educación, entre otras. Evidentemente esto no está medido en detalle, lo que tenemos son solo hipótesis.
– ¿De qué manera impacta en la calidad de vida, la alta destinación de recursos a la prevención de la delincuencia y la seguridad pública?
Yo creo que el círculo es bastante más amplio, porque en el fondo lo que impacta en la calidad de vida de las personas es la permanente sensación de temor. Cuando la gente tiene altos niveles de temor y una percepción de que pueden ser víctimas de un delito, de forma constante, por un lado se retraen del mundo en comunidad, tienden a encerrarse en sus casas, a desconfiar de los vecinos, a no salir de noche, a limitar sus espacios de sociabilidad de forma importante y además, de forma paralela, las familias tienden a tratar de asegurar sus casas, invirtiendo más en mecanismos de prevención.
Lo que impacta verdaderamente en la calidad de vida de las personas, es la percepción permanente de sentirse atemorizado, y los gastos en temas de prevención del delito, son una consecuencia de esta sensación de inseguridad y no al revés.
– Si bien los delitos han ido a la baja en los últimos años, los gastos públicos y privados destinados a su prevención han ido en aumento ¿Cuál cree que es el motivo de este desacople entre ambas variables?
Tampoco hay información muy clara al respecto, pero uno podría hacer el análisis: como hay más inversión hay menos delincuencia; uno podría decir que la baja en los niveles de victimización que se encuentran en el país, están vinculados con la inversión pública y privada que se ha hecho en los últimos años para prevenirla, obviamente esta es una hipótesis bastante larga porque yo no he visto ningún estudio que identifique esto.
Claro lo que pasa es que no necesariamente tiene que ser así. Tu puedes decir que los gastos son muy altos y que eso ha generado la baja en la delincuencia, eso podrías afirmarlo si pudieras vincular una cosa con la otra. Por otra parte, se podría decir que la delincuencia es autónoma de lo que responde el Estado o podrías decir que las iniciativas de prevención están mal diseñadas y no impactan sobre los problemas principales.
Pero si lo que tú tienes es una tendencia constante incremental, en gastos de prevención del delito y en paralelo año seguido una disminución en la delincuencia, uno podría decir que existe una relación entre ambas. Que entre más gastos menos delincuencia, ahí yo creo que hay que tener cuidado con lo que se puede llegar a afirmar, porque hoy en día aún tenemos que el 7% de la población ha sido víctima de un delito, éste es un porcentaje significativo, por ende no tendría ninguna explicación sólida el decir “no hagamos prevención del delito”, salvo que algún estudio que se haya hecho te diga que la prevención del delito que se está haciendo, se hace mal y no hay resultados significativos para la ciudadanía, creo que ahí hay que tener cuidado.
– ¿Que políticas públicas serían necesarias para lograr una mayor eficiencia en los recursos destinados a los gastos defensivos? (con el fin de que haya una correlación entre las variables mencionadas anteriormente, de manera que ambas vayan en la misma dirección, a la baja)
Lo primero que necesitamos, es evaluar si lo que se está gastando hoy día es efectivo y eficiente y si trae beneficios sociales en términos de prevención del delito, porque eso no lo sabemos. Necesitamos que los programas de prevención del delito estén bien focalizados y sean análisis para saber si la inversión pública en prevención del delito tiene resultado.
Segundo, se necesita saber si la centralización en la toma de decisiones en políticas de prevención no aumenta los gastos de administración o generación de las políticas públicas, porque hoy muchas de las políticas preventivas están centralizadas en el gobierno nacional y tal vez debería haber un mecanismo mucho más descentralizado.
Tercero, hay que revisar todos los fondos, comparar los fondos de prevención del delito que se le entrega a las dos policías, porque si bien pueden ser aunadas a un carácter preventivo, cuando en realidad lo que están haciendo es aumentar las capacidades de control y por ende uno tiende a disfrazar verdaderamente cuánto es la inversión en prevención del delito. Se necesitan estudios más detallados que te permitan saber si la inversión privada también trae resultados y a su vez realizar una política mucho más seria, que permita hacer análisis para ver si estamos invirtiendo bien o mal.
– Actualmente los recursos destinados a los gastos defensivos (en Antofagasta) casi duplican a los recursos invertidos anualmente por el FNDR (que aporta la mayor parte de los recursos destinados al desarrollo y crecimiento de la Región). Según lo mencionado, ¿El progreso de la Región se ve afectado de alguna manera, debido a los altos recursos destinados a la seguridad pública?
No necesariamente, o sea los programas de prevención del delito deberían estar vinculados casi directamente a la mejora de la calidad de vida en las ciudades y si es así, un porcentaje importante de ese dinero debería quedar en la región. Lo importante es darse cuenta si las políticas se están implementando de forma descentralizada o no.
Si de queda cada 100 dólares o de cada 100 pesos, se incluye un programa de prevención del delito, 80 se quedan en la tramitación en Santiago y 20 llegan a la intervención en Antofagasta, tienes un problema muy serio. El objetivo debería ser, que si de 100 pesos que se invierten en programas de prevención del delito, (que incluye iluminación, arreglos de espacios baldíos, puesta de cámaras, mejoramiento de sistemas de vigilancia, mayor presencia de policías en las calles, etc.) 80 debería quedar en la región. No necesariamente es un tema de contrapuntos entre un tipo de inversión y la otra, sino que es en cómo se hace esa inversión.
Si ustedes ven que carabineros gasto 100 en el año 1 y 102 en el año 2, pero la dotación es la misma, la cantidad de vehículos es la misma y no ha mejorado en nada, no en el servicio, sino que en la cantidad de personal, ahí tú tienes un problema, pero requiere de ese nivel de detalle para poder fortalecerlo.
Creo que una cosa son los fondos de desarrollo regional, que no deberían estar vinculados a hacer lo que muchas veces hacen, construir comisarias, comprar vehículos policiales, etc. y que deberían estar para el desarrollo de la Región, y otra cosa son los programas de prevención del delito, que también fortalecen la calidad de vida regional, en teoría, la pregunta es si eso está en práctica, porque hay fondos destinados al desarrollo regional que se están utilizando para programas de control del delito.
Revisa aquí el estudio que el Instituto de Políticas Públicas realizó, sobre los costos económicos de la delincuencia en la Región de Antofagasta: Costos De La Delincuencia 2010-2015
