A puertas de celebrarse la COP 20 es importante reflexionar sobre los fundamentos políticos y económicos de la gobernanza ambiental y no asumir sus actuales arreglos
institucionales como incuestionables.
Las negociaciones internacionales sobre el cambio climático comenzaron con la Cumbre de Río (1992), cuyo resultado fue la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Su objetivo es estabilizar las emisiones de efecto invernadero con acuerdos tomados en negociaciones periódicas llamadas “las conferencias de las partes” (COP). El Protocolo de Kyoto se adoptó en la COP3 (1997) y a partir de allí se aprobaron varios instrumentos que contienen mecanismos flexibles, tales como el “Comercio de Derechos de Emisión”.
Muchos consideran que estos mecanismos otorgan licencias para contaminar y mercantilizan la naturaleza. Sin embargo, son la principal respuesta global al cambio climático debido a la presión de agentes privados para evitar políticas de impuestos o prohibiciones sobre determinadas actividades o sustancias.Así, la gobernanza ambiental enfatiza el intercambio de derechos de propiedad como mecanismo universal y autosuficiente para enfrentar el cambio climático. Esto ha generado nuevos mercados financieros, pero no una efectiva solución ecológica. Se calcula que este mercado ha reducido menos del 1% del total de emisiones globales y ha generado efectos perversos: los gobiernos confían en la información que brindan las empresas para determinar los umbrales de contaminación, y así estas obtienen permisos más generosos y umbrales más flexibles.
El programa REDD+ se enmarca en la lógica económica de la actual gobernanza. Su formulación se consolidó en la COP 13 (Bali), resaltándose el rol de la conservación, el manejo sostenible y el mejoramiento del mercado de carbono en los “países en desarrollo” a través de un sistema de pagos a las comunidades aledañas a los bosques para que contribuyan con la conservación.
REDD+ valida y legítima actores y soluciones específicas mientras excluye temas como la tenencia de la tierra o la flexibilización de estándares ambientales. Así, sobre-simplifica la causalidad de la deforestación y degradación forestal al asignar a las comunidades una responsabilidad desproporcionada, omitiendo el rol de otros actores. Además, evita analizar cómo el cambio climático afecta el territorio de estas comunidades, empujándolos a sobre-explotar sus recursos, así como la relación entre historia colonial, dependencia económica y deforestación.
Estos problemas se observan cuando los mayores esfuerzos en la política ambiental en países como el Perú están dirigidos a la organización de la COP y la implementación del REDD+, mientras temas fundamentales como la fiscalización ambiental, la certificación ambiental o los derechos territoriales de los pueblos indígenas son debilitados o ignorados. De hecho, las organizaciones indígenas exigen que el programa sea reformulado como “REDD+ indígena”, cuyo eje fundamental sea el reconocimiento de sus derechos territoriales. Sin embargo, aunque el programa enfatiza la participación, quién participa y en qué medida es determinado unilateralmente.
La actual gobernanza normaliza una subjetividad ambiental que asume la lógica económica de incentivos como inmanente e irrefutable, produciendo una “ambientalidad”. Siguiendo el concepto de “gobermentalidad” de Foucault, se observa que la actual gobernanza es una tecnología de poder que produce nuevos sujetos preocupados por el ambiente asumiendo estándares particulares: el respeto a la naturaleza dentro de una lógica de costo-beneficio en lugar de una ética de pertenencia y respeto genuino al entorno natural. Esta perspectiva emergió con el ambientalismo de los años sesenta que proyectaba a la tierra como un globo singular, compacto y observado desde el espacio. Esta posición de externalidad expresa una idea en la cual somos nosotros quienes rodeamos al ambiente y no al revés.
La gobernanza ambiental es la otra cara de la gobernanza extractiva, cuya economía política tiene raíces coloniales: la apropiación y explotación del entorno natural a gran escala. Esta economía política al estar acompañada de arreglos institucionales de “participación”, “transparencia”, “mitigación de impactos” etc., se presenta como ambiental y socialmente sostenible, pero mantiene la lógica extractiva generando tensiones y conflictos socio-ambientales. Así, aquellos que están en los márgenes de la ambientalidad disputan los significados pre-establecidos, mostrando que hay otras formas de imaginar al ambiente y al ambientalismo.
El abordaje del cambio climático, por lo tanto, no es una mera cuestión de ciencia, sino de política en el real sentido de la palabra: no se trata de discusiones tecnocráticas sobre cómo mejorar los diseños institucionales, sino de discutir los fundamentos políticos y económicos sobre los cuales esos diseños han sido construidos. No se trata de negociar sobre los parámetros establecidos en la actual gobernanza ambiental, sino de identificar la verdadera política subyacente a esta gobernanza e ir más allá de sus actuales soluciones que han demostrado no solo ser inefectivas sino también legitimadoras del actual estado de las cosas.
Fuente: http://www.revistahumanum.org/
