Hace ya casi dos décadas que el mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares de América Latina es resultado de la implementación de programas
de transferencias de ingresos condicionadas a las poblaciones pobres de la región. Sus impactos se han expresado en la reducción de la incidencia de la pobreza aunque esa mejora no ha sido suficiente para liberar a la región de su rasgo de ser la más desigual del mundo.
Una de las características fundamentales de estos programas es ese carácter de “condicionados”, entendiendo por esto que los derechos habientes de esas políticas – sea la familia y/o algunos integrantes del grupo doméstico – deben cumplir algunas actividades como concurrir a la escuela de manera regular, o cumplimentar los planes de vacunación y control de la salud obligatorios. Dada la centralidad que tiene la satisfacción de estos requisitos en la continuidad de la inclusión en el programa, llama la atención que aspectos como las interrelaciones entre educación y políticas sociales no se hayan analizado con la profundidad que merecen.
Frente a este escenario, el Instituto Internacional de Planeamiento Educativo UNESCO-Buenos Aires, realizó en el año 2013 el Seminario Internacional anual sobre el tema de las articulaciones entre educación y políticas sociales, en el que participó un relevante conjunto de investigadores de la región y de la Unión Europea. Dado que la evidencia disponible sobre los efectos positivos de estos programas es ya a esta altura incuestionable, en el marco del mandato del IIPE, el interés estuvo puesto en analizar sus interfaces con la educación en general y las políticas educativas.
Desde el punto de vista conceptual del diseño de los programas, dos son las características más importantes. La primera, el hecho de que el acceso al mismo se configura alrededor de la condición de “sujetos de derecho” dejando de lado todo riesgo de clientelismo y/o de perspectivas de beneficencia y la segunda, el definir el acceso a la educación como un derecho humano, que debe estar por lo tanto garantizado por el Estado.
Desde el punto de vista operativo, se destacó la observación sobre la ausencia de proactividad de los sistemas educativos frente a la implementación de estas políticas, dado que se mantuvieron resilientes pese a los cambios introducidos por estos programas. De hecho, hubo consenso en que la centralidad estuvo en los hogares, en la medida en que la condicionalidad del incentivo a la demanda puso la responsabilidad solamente en ellos y no en las escuelas ni en sus desempeños ni resultados. Ellas mantuvieron de manera inercial la vieja oferta que fue en parte responsable del abandono de los chicos más pobres, bien porque los dejaban afuera por limitaciones económicas o de capital cultural de los estudiantes o por baja sensibilidad de las escuelas a sus perfiles socioculturales. Ahora, los chicos se reintegran a esas mismas escuelas que poco han cambiado para volver a recibirlos. Pero los sistemas educativos y las instituciones tienen por delante el desafío de mejorar la calidad de la oferta.
Los debates mostraron que las condiciones para el cambio son propicias: por un lado, los padres llegan a las escuelas empoderados por su condición de sujetos de derecho en el marco de políticas incluyentes; por otro, hay creciente sensibilidad en los sujetos de la educación de que hay que hacer algo para convertir el pasaje de los chicos por la escuela en una experiencia exitosa. Por el lado del diseño de las políticas, también hay consenso sobre la necesidad de mejorar las condiciones de la oferta, habida cuenta de que con casi dos décadas de vida de estos programas, superado el desafío de la cobertura cuantitativa, se trata ahora de mejorar la calidad de los mismos frente a una ciudadanía crecientemente exigente.
Deben tomarse las lecciones aprendidas de los programas que proveyeron incrementos de recursos materiales y humanos a las instituciones para reforzar su capacidad de responder a estas nuevas demandas y que son, por ahora, aún poco comunes, en su estrategia de fortalecer la oferta. En fin, si los hogares pobres tienen que atravesar procesos de rendición de cuentas, algo similar debería suceder con las instituciones.
La discusión presencial y virtual que tuvo lugar en el Seminario reiteró -con ejemplos de los lugares más distantes y más cercanos de la región – la necesidad tantas veces señalada de una mejora en los niveles de coordinación y articulación del complejo conjunto de actores institucionales que se ocupan del desarrollo humano. La idea de sinergias justamente se dirige a la necesidad de producir más con los recursos disponibles. De otra manera, los 120 millones de personas que son atendidas por estos programas en alrededor de 20 países, dispondrán de un recurso monetario pero seguirán postergando el acceso a los satisfactores de calidad para un digno nivel de vida.
Fuente: http://www.revistahumanum.org/
