Ximena Abogabir, Fundación Casa de la Paz
Es secreto a voces que la convivencia entre actores diferentes que comparten un mismo territorio está tensionada. En los últimos dos años se ha corrido el umbral de lo aceptable para la opinión pública y, a medida que se fue instalando el escepticismo en los canales institucionalizados de participación, lamentablemente las comunidades asumieron que la forma más efectiva para hacerse escuchar era la barricada.
Por ello, un nuevo y urgente desafío social es asumir que lo único perdurable son los acuerdos tempranos y participativos construidos entre los diferentes actores, capaces de representar los distintos pero legítimos intereses en juego, desde un estado de ánimo de descubrir juntos los espacios de intersección entre las distintas agendas, esforzándose por crear soluciones que signifiquen que cada actor pueda cumplir razonablemente sus aspiraciones. Ello implica aprender una nueva forma de relacionarse y sobre todo, de comprometerse con el resultado, de modo que éste favorezca a todos los involucrados en forma equilibrada.
Atrás quedaron los tiempos en que el sector privado podía generar sus utilidades sin importar sobre quienes recaían sus “externalidades negativas”. Hoy, tanto las comunidades, como los gobiernos locales, esperan que las empresas que se asientan en sus territorios no sólo no atenten contra la actual calidad de vida, sino contribuyan a generar valor para la comunidad y compartan -en alguna medida- parte de los beneficios aportando como resultado final un saldo positivo para las mayorías, sin arriesgar el potencial de bienestar de futuras generaciones. Por ello, es preciso avanzar hacia una forma colaborativa de relación y compromiso, basado ya no en el paternalismo de antaño, sino en derechos socioambientales de las comunidades (derecho a la vida, a la calidad de vida y a incidir en las decisiones que nos afectan).
También pasaron los tiempos en que terceros, por muy ilustrados y bien intencionados que fueren, podían definir lo que era bueno para un grupo humano. Sólo a través de la participación ciudadana -entendida como la capacidad efectiva de personas y comunidades para deliberar e incidir en los asuntos que afectan la garantía y el ejercicio pleno de sus derechos y, por lo tanto, de elegir y mejorar sus condiciones de vida-, se podrá identificar y dar forma a iniciativas pertinentes y apropiadas. Es decir, los programas sociales deben ser trabajados CON la comunidad, no PARA ella y ésta debe ser capaz de incidir en las decisiones que le involucran
Otra convicción que se ha instalado con fuerza últimamente, es que ningún actor puede avanzar solo por la senda de la sustentabilidad. Los problemas socioambientales son complejos y su solución precisa generar alianzas entre diferentes actores (ciudadanía, sector privado, Estado) para así evolucionar juntos con mirada de largo plazo, tomando en consideración la realidad específica de cada territorio.
Más de lo mismo ya no sirve
Para lograrlo, todos necesitamos cambiar y adquirir nuevas competencias. Requerimos comunidades responsables, capaces de organizarse, capacitarse e involucrarse para incidir colaborativamente en los asuntos que les afectan. Ello implica conocer sus derechos ciudadanos y la normativa ambiental, asumir su identidad compartida y el valor del entorno natural, desarrollar habilidades para la participación, y fortalecer las organizaciones comunitarias para el trabajo intersectorial.
También se precisa mejorar la gestión sostenible del territorio, creando o robusteciendo las unidades de gestión ambiental en los municipios para que puedan promover e implementar procesos participativos de gestión y toma de decisiones; y facilitar instancias de articulación y construcción de confianza entre grupos diversos, a menudo con lógicas distintas.
Finalmente, la empresa necesita adoptar una ética y un sistema de gestión que la vincule con el entorno local de manera social, económica y ambientalmente responsable; implementando políticas de relacionamiento con énfasis en la creación de valor compartido previamente diseñadas con los involucrados; y favoreciendo instancias de articulación permanente con otros actores del territorio.
En otras palabras, el desafío que los nuevos tiempos instalan en el escenario actual requiere aprender nuevas maneras de relacionarse, de tomar decisiones, de equilibrar las variables ambientales, sociales y económicas, así como de construir e implementar agendas intersectoriales. Me temo que no queda mejor opción que todos juntos intentar avanzar por este nuevo camino e ir aprendiendo en el proceso.
